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El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo miércoles 1 de junio a las 10 de la mañana, la audiencia de formalización de cargos en contra del ex presidente de la UDI Pablo Longueira, y el ex gerente general de SQM Patricio Contesse.

Al ex personero del gremialismo se le imputarán delitos de carácter tributario y cohecho, mientras que al ex ejecutivo de la minera no metálica se le formalizará también por delitos tributarios y además por el delito de soborno, que hasta ahora no se le había imputado. 

Las pruebas con las que cuenta la Fiscalía para llevar a cabo este procedimiento son los correos electrónicos que fueron intercambiados por Longueira y Contesse, en 2010 cuando se estaba tramitando el proyecto de ley de Royalty Minero, momento en el cual desde SQM se le envió una rectificación de un artículo del proyecto de ley, el cual beneficiaba a la compañía con exenciones tributarias, artículo que fue incluido casi íntegramente en la ley definitiva.

Además, ayer se dieron a conocer dos contratos firmados por Pablo Longueira en 2011, cuando ya fungía como ministro de Economía, con la empresa SQM, y que sellaban los beneficios tributarios a la minera no metálica, lo que se suma a los 730 millones de pesos que fueron pagados a personas del entorno del ex secretario de Estado, quienes dieron boletas falsas por distintos montos, y que fueran reconocidos por la propia compañía luego de una auditoría externa que realizó una consultora estadounidense a los gastos de SQM.

Son estos elementos los que esgrime el Ministerio Público para imputarle al ex senador de la UDI el delito de cohecho.

Querellante SQM: “Sin filtración no se hubiese iniciado investigación a Longueira”

El abogado querellante del caso SQM y representante de la fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, en conversación con Radio Universidad de Chile, valoró la postura tomada por el fiscal Pablo Gómez, quien ha manifestado que no es necesaria una querella nominativa del Servicio de Impuestos Internos (SII), en contraposición a lo que ha planteado el fiscal nacional Jorge Abbott, quien señaló que sin este instrumento, el Ministerio Público no puede iniciar una investigación: “Llama mucho la atención esta Doctrina Abbott que es básicamente, desconocer una facultad de la institución que él dirige y que ha sido establecida por fallos múltiples de los tribunales superiores de justicia”.

Con respecto a las declaraciones realizadas por el fiscal nacional en las cuales señaló su intención de dar un término rápido a las causas de financiamiento irregular de la política, Daza fue enfático al sostener que Abbott “no es el garante de la institucionalidad”, sino que debe investigar y llevar a los tribunales de justicia a quienes resulten responsables de estos delitos, y que “son sus declaraciones las que afectan la institucionalidad”.

En tanto, sobre la tardanza en la presentación de las querellas de parte del SII, lo que ha redundado en situaciones como la del ex senador Carlos Ominami, quien fue sobreseído en primera instancia por considerar el tribunal que el libelo en su contra fue presentado fuera de plazo, el abogado calificó como “un show impresentable” del organismo fiscalizador y del Ministerio Público cómo se achacan mutuamente la responsabilidad por estos casos.

En relación con la norma que sanciona filtraciones en procesos judiciales, que recientemente fue aprobada por el Senado, Daza fue categórico al señalar que lo que se busca con este tipo de cuerpos legales es “acallar” a los periodistas, y no cautelar el desarrollo del procedimiento judicial, y que desde esa perspectiva “el nombre de Ley Mordaza está muy bien puesto”.

Sobre este punto, Mauricio Daza destacó la labor del periodismo, ya que a su juicio, el caso del fiscal Pablo Gómez y su actuación en la investigación contra Longueira, “es la mejor demostración de lo significa el papel del periodismo y de estas, entre comillas, filtraciones en el adecuado funcionamiento de las instituciones”.

“Pablo Gómez, en una entrevista que dio a El Mercurio, a mediados de febrero, señaló claramente que no existía ningún antecedente en la carpeta investigativa para investigar a Pablo Longueira por delitos de cohecho. Semanas después se filtró en medios de prensa, los correos entre Patricio Contesse y Pablo Longueira, y sólo después de eso, por la presión que hubo a partir de esa información, realmente impresentable, es que se decide investigar a Pablo Longueira y formalizarlo. Sin la filtración esto no hubiese ocurrido”.