Iquique hace varios días aparece posicionada como la ciudad epicentro de una crisis migratoria que no ha tenido una solución pertinente de parte del gobierno de Sebastián Piñera.

Marcela Tapia Ladino, investigadora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, argumenta que existe un sentimiento que tiene que ver con el rechazo a la pobreza en los chilenos y, particularmente, en marchas contra la migración acontecidas en Iquique.

“Al marchar no están luchando por las condiciones de pobreza en las que viven las personas; al revés, eso es aporofobia: fobia al pobre, a quien está en situación de calle”, explica respecto a las marchas donde manifestantes atacaron carpas de personas en situación de calle.

“Acá el migrante bienvenido es el que trae recursos, porque además se instala en ese discurso de el que trae plata es quien viene a aportar, los otros, son todos unos delincuentes porque son pobres y ahí está la aporobobia, la xenofobia, el racismo”, afirma.

El fenómeno deriva en una asociación entre migración y pobreza, potenciada por noticias con tratamiento sensacionalista y que pone a las personas extranjero como protagonistas de los hechos.

“Eso ha ocurrido acá en iquique, se acumuló una forma de tratar la noticia que no es solamente de los periodistas, sino que también tiene que ver con cómo el Estado ha tratado el fenómeno, que es fundamentalmente criminalizar la migración”.

Las consecuencias del tratamiento comunicacional que tiene el tema se resume en la alterización, un concepto que Marcela Tapia define, en este caso, como la asociación del migrante con aspectos negativos.

“Poner al otro como diferente, como amenaza, como vector del covid, como ilegítimo, que no tiene derechos. Significa que la gente empieza a entender que los chilenos dentro del territorio somos los legítimos y los otros, que entran de manera irregular, no son sujetos de derecho.”

El Estado de Chile, según la académica, tiene responsabilidad en la manera de abordar la migración y a la hora de recibir a migrantes que terminan ingresando de forma irregular al país.

“El Estado ha abandonado el principio de protección. Por ejemplo, las personas no pueden acceder al recurso como una condición, porque muchas vienen huyendo de condiciones de vida extremas de empobrecimiento, persecución política y no han tenido derecho al asilo”, 

En esta línea, Marcela Tapia ejemplifica con el albergue instalado al sur de Iquique para acomodar en su mayoría a personas que ingresan de manera irregular por la zona de Colchane, cerca de la frontera con Bolivia.

“Tenemos Lobito, a 30 kilómetros de la ciudad, y en mi opinión, en el fondo es una suerte de botadero de gente para que no los veamos acá en la playa, porque ha habido un reclamo turístico que afean la ciudad, porque claro, están en situación de calle.”

“Ya vienen empobrecidos, la calle es la única opción que tienen. Llevarlos a Lobito, aparentemente es una solución, pero no se resuelve el problema, porque aquí en la ciudad 'trabajan’, pero muy precarizados: en semáforos, vendiendo en la calle, y allá no lo pueden hacer”

El sentimiento de abandono de los iquiqueños

No obstante, argumenta que el centralismo ha dejado el asunto en manos de autoridades locales que cuentan con pocos recursos para ofrecer soluciones integrales. Se traduce, lo anterior, en un “sentimiento de abandono fuerte” por parte de los iquiqueños.

“Se superponen varias cosas. Las desigualdades regionales, el centralismo, la prepotencia con la que vienen las autoridades. Se sacan una foto, hacen una parafernalia y luego se van. Ni siquiera hablan con los actores locales”, explica Tapia.

Respecto al concepto de migración, la investigadora de la UNAP sostiene que es un fenómeno destinado a permanecer en el país.

“La migración y el desplazamiento forzado que vemos nosotros, es un fenómeno propio de nuestra época. No va a desaparecer porque no no guste o no sienta mal. Vino a quedarse hace mucho, pero Chile llega tarde al mapa migratorio”, argumenta.